Andalucía presiona a Sánchez y aprueba pedir una ley para desalojar okupas en 24 horas

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del PP-A por la que, dentro de un acuerdo para que haya un Pacto Nacional de la Vivienda, pide a la Junta de Andalucía que solicite a la Administración del Estado «las reformas legales necesarias para reforzar las garantías y seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles», así como demanda «el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas».

Este punto de la Proposición no de Ley se ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox y ha recibido el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. La iniciativa del grupo popular la ha defendido el parlamentario Antonio Saldaña.

La Proposición no de Ley del PP-A demanda al Gobierno andaluz que reclame sucesivamente al Gobierno y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que adopten «políticas fiscales, de gestión administrativas y de reformas legales que favorezcan el acceso a la vivienda y reactiven el sector inmobiliario y la construcción». Este apartado se ha aprobado exclusivamente con los votos del PP-A.

En ese marco del Pacto Nacional por la Vivienda, del que piden «suficiente dotación en los Presupuestos Generales del Estado», solicitan «un aval del porcentaje que la banca, como acreedor hipotecario, no financia como entrada y que oscila entre el 15 y 20%», planteamiento al que añade extender esos avales en «los contratos de arrendamiento de viviendas para jóvenes en concepto de fianza o aseguramiento, con rentas medias y bajas», a la que sigue una ayuda de 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes cuantificable en función de la renta y en un único pago, la ampliación presupuestaria del Bono Joven Alquiler y una política pública de vivienda protegida tanto de promoción pública como privada, así como el alquiler asequible en colaboración público-privada.

Las demandas que incluye la PNL del PP-A se dirigen a que el Gobierno andaluz reclame al Estado «la actualización y modernización de la desfasada legislación estatal básica preexistente de carácter general sobre vivienda en materia de propiedad horizontal», con la idea de «corregir los desequilibrios» en los arrendamientos urbanos por «el populismo legislativo», además de cambios en la normativa de cooperativas y de la vivienda protegida.

La iniciativa del PP-A reclama a la Junta que demande al Gobierno de Sánchez «modificar los planteamientos de la nueva Ley de Vivienda» sobre aspectos como las zonas tensionadas en el mercado del alquiler, los grandes tenedores de vivienda, los mecanismos de actualización anual del alquiler, la regulación de los honorarios de la inmobiliaria en la promoción, la normativa de desahucio, beneficios y recargos fiscales.

En los deberes que la PNL del PP-A pone a la Junta de Andalucía figura promover la vivienda protegida a través del Plan Vive en Andalucía; fomentar el parque público de viviendas protegidas en alquiler a precio asequible a través de nueva construcción, reanudación o rehabilitación; implantar la vivienda protegida en venta en régimen de permuta; ayudas al alquiler para entidades del Tercer Sector que destinen alojamiento a víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables; y que estudie una nueva bajada de los impuestos que gravan el acceso a la inversión en primera vivienda, deducciones en el tramo autonómico del IRPF por adquisición o por rehabilitación en vivienda habitual, y que facilite el acceso a la primera vivienda de jóvenes menores de 35 años a través de avales.